Pedagogía de la Memoria

Creemos que la Pedagogía como señala Inés Dussel, no debe ser pensada como un camino o como el mejor modo de trabajar las estrategias más eficaces de transmisión de las memorias del pasado reciente, sino más bien, que la pedagogía debe ser un ejercicio de análisis de los discursos y las prácticas sociales que están disponibles, que circulan, nos rodean como sujetos y actores sociales del presente; y nos muestran cómo estamos atravesados por lo dominante, y al mismo tiempo cómo somos otro distinto que lo dominante. Es así que, evidentemente, no hay una única Memoria sino memorias en plural, que son objeto de disputa política, cultural, histórica y social donde los individuos, los grupos, las instituciones participan y construyen sentidos e interpretaciones que nunca son definitivas ni se clausuran. Es decir, se delinean en el marco de luchas y de relaciones de fuerza, que mutan y se transforman a lo largo del tiempo histórico, cristalizando en algunos momentos en relatos que logran grados de legitimidad social.

viernes, 11 de diciembre de 2015

Declaración de la A.P.D.H. Balcarce en el Día de los Derechos Humanos.



En el Día de los Derechos Humanos, y a 32 años del restablecimiento del sistema democrático en nuestro país, la Delegación Balcarce de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos aboga nuevamente por el estricto respeto del Estado a los derechos humanos,  a los que entendemos como el conjunto de prerrogativas y principios de aceptación universal, jurídicamente reconocidos y garantizados, que aseguran a las personas su dignidad; y que ellas tienen frente al Estado y a sus instituciones para impedir que éste interfiera, limite o viole su ejercicio.


Sostenemos la necesidad de continuar y profundizar las políticas públicas de inclusión social y la concreción de las consignas de memoria, verdad y justicia ante los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar, con un Estado al exclusivo servicio de los seres humanos, dentro del respeto absoluto por nuestra Constitución y las garantías en ella consagradas y las diferentes normas internacionales aplicables. 

Por ello también reclamamos:

  • Profundización y aceleración de las causas por delitos de lesa humanidad.
  • Investigación de los civiles responsables de las violaciones a los derechos humanos.
  • Efectivo cumplimiento de las condenas impuestas por la justicia a los represores.
  • Sostenimiento de las estructuras, presupuestos y políticas estatales destinadas a conocer la verdad, restituir  los restos de los detenidos-desaparecidos a sus familiares y las identidades de las víctimas del plan de apropiación de niños elaborado durante la dictadura.
  • Continuidad de las políticas públicas de construcción de la memoria histórica.
  • Capacitación de las fuerzas policiales y de seguridad dentro del respeto por los derechos humanos.
  • Rechazo a la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior.
  • Independencia de los jueces, fiscales y funcionarios:   del poder político, de los intereses económicos de las grandes empresas y del poder mediático.
  • Protagonismo estatal en el diseño y desarrollo de políticas económicas de producción y redistribución de ingresos y de combate a la especulación y el fraude fiscal.
  • Independencia económica, y rechazo de las injerencias externas y del endeudamiento usurario.
  • Defensa y protección de los derechos de los trabajadores, y cobertura previsional integral y permanente.
  • Ejecución de políticas proactivas para combatir la informalidad laboral.
  • Adecuación de las instalaciones y los sistemas carcelarios a las condiciones de vida digna, respetando las garantías constitucionales de las personas en situación de encierro.
  • Implementación de los programas de reinserción social y de estudios para las personas privadas de su libertad.
  • Políticas ambientales de preservación del ambiente y uso racional de los recursos naturales.
  • Rechazo al modelo extractivista encarnado en el monocultivo, el fracking hidrocarburífero y la megaminería.
  • Aplicación de las normas que garantizan la propiedad de las tierras pertenecientes a los pueblos originarios y a campesinos minifundistas.
  • Acceso general y gratuito de los habitantes al sistema sanitario, asegurando el derecho a la salud.
  • Plena vigencia de la gratuidad en todos los niveles de la educación pública.
  • Respeto a la investidura de la Procuradora General de la Nación y demás funcionarios con mandatos vigentes.
  • Defensa irrestricta de la libertad de expresión y del derecho a la información veraz y plural.
  • Apoyo a los procesos democráticos del continente y condena de los golpes de Estado, cualquiera fuere la forma en que se dieren.

                                                                                                            
Balcarce, 10 de diciembre de 2015.

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