En el Día de los Derechos Humanos, y a 32 años del restablecimiento del sistema democrático en nuestro país, la Delegación Balcarce de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos aboga nuevamente por el estricto respeto del Estado a los derechos humanos, a los que entendemos como el conjunto de prerrogativas y principios de aceptación universal, jurídicamente reconocidos y garantizados, que aseguran a las personas su dignidad; y que ellas tienen frente al Estado y a sus instituciones para impedir que éste interfiera, limite o viole su ejercicio.
Sostenemos
la necesidad de continuar y profundizar las políticas públicas de inclusión
social y la concreción de las consignas de memoria, verdad y justicia ante los
crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar, con un Estado
al exclusivo servicio de los seres humanos, dentro del respeto absoluto por
nuestra Constitución y las garantías en ella consagradas y las diferentes
normas internacionales aplicables.
Por
ello también reclamamos:
- Profundización y aceleración de las causas por delitos de lesa humanidad.
- Investigación de los civiles responsables de las violaciones a los derechos humanos.
- Efectivo cumplimiento de las condenas impuestas por la justicia a los represores.
- Sostenimiento de las estructuras, presupuestos y políticas estatales destinadas a conocer la verdad, restituir los restos de los detenidos-desaparecidos a sus familiares y las identidades de las víctimas del plan de apropiación de niños elaborado durante la dictadura.
- Continuidad de las políticas públicas de construcción de la memoria histórica.
- Capacitación de las fuerzas policiales y de seguridad dentro del respeto por los derechos humanos.
- Rechazo a la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior.
- Independencia de los jueces, fiscales y funcionarios: del poder político, de los intereses económicos de las grandes empresas y del poder mediático.
- Protagonismo estatal en el diseño y desarrollo de políticas económicas de producción y redistribución de ingresos y de combate a la especulación y el fraude fiscal.
- Independencia económica, y rechazo de las injerencias externas y del endeudamiento usurario.
- Defensa y protección de los derechos de los trabajadores, y cobertura previsional integral y permanente.
- Ejecución de políticas proactivas para combatir la informalidad laboral.
- Adecuación de las instalaciones y los sistemas carcelarios a las condiciones de vida digna, respetando las garantías constitucionales de las personas en situación de encierro.
- Implementación de los programas de reinserción social y de estudios para las personas privadas de su libertad.
- Políticas ambientales de preservación del ambiente y uso racional de los recursos naturales.
- Rechazo al modelo extractivista encarnado en el monocultivo, el fracking hidrocarburífero y la megaminería.
- Aplicación de las normas que garantizan la propiedad de las tierras pertenecientes a los pueblos originarios y a campesinos minifundistas.
- Acceso general y gratuito de los habitantes al sistema sanitario, asegurando el derecho a la salud.
- Plena vigencia de la gratuidad en todos los niveles de la educación pública.
- Respeto a la investidura de la Procuradora General de la Nación y demás funcionarios con mandatos vigentes.
- Defensa irrestricta de la libertad de expresión y del derecho a la información veraz y plural.
- Apoyo a los procesos democráticos del continente y condena de los golpes de Estado, cualquiera fuere la forma en que se dieren.
Balcarce,
10 de diciembre de 2015.
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